Por Lorenza Juárez
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió este miércoles a la Comisión Permanente del Congreso la iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, en la que propone unificar los criterios de actuación en las 32 entidades.
La propuesta, que fue remitida al Senado, como cámara de origen, establece la transformación en la forma en que las fiscalías estatales atienden los casos de violencia extrema contra las mujeres, al considerar que las diferencias entre legislaciones locales han generado criterios distintos de investigación, subregistro de casos y espacios de impunidad.
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”(El feminicidio es) la peor forma de violencia contra las mujeres”, indicó la presidenta y sostuvo que la prioridad de su iniciativa es garantizar que ningún caso quede sin investigación adecuada.
El enfoque de la iniciativa es crear un tipo penal único de feminicidio para todo el país, con criterios homologados para que todas las autoridades investigadoras actúen bajo los mismos parámetros.
Establece que cualquier muerte violenta de una mujer deberá investigarse inicialmente como posible feminicidio y con perspectiva de género, hasta descartar esta hipótesis.
Se explica que uno de los problemas actuales es que algunos casos son registrados de manera incorrecta, particularmente cuando existen antecedentes de violencia familiar, amenazas o agresiones previas por parte de la pareja, expareja o familiares cercanos.
De acuerdo con datos presentados por el gobierno federal, alrededor del 90 por ciento de los feminicidios son cometidos por parejas, exparejas o familiares directos, por lo que la iniciativa plantea que las autoridades otorguen valor a los testimonios de familiares y consideren desde el inicio los antecedentes de violencia.
La nueva legislación contempla 10 razones de género para acreditar el delito, entre ellas violencia sexual, antecedentes de agresiones, relaciones de poder, amenazas, discriminación y conductas asociadas a estereotipos de género.
Y establece una pena uniforme de 50 a 70 años de prisión, así como 19 agravantes que permitirán aumentar las sanciones cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
