Por Alberto Valderrábano
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, sostuvo que el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, debe analizarse desde una perspectiva jurídica y no política.
El legislador de Morena afirmó que el expediente no se limita al llamado “huachicol fiscal”, sino que involucra una estructura más amplia de presuntos delitos relacionados con la importación irregular de combustibles.
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“Entonces es un tema que no es un tema sencillo, que le van a meter la arista política normal, natural. Yo ayer lo comenté en mi tweet, que por eso si se mete la arista política, habría que investigar el financiamiento de Somos México, había que investigar también el nacimiento de la alternancia, dónde fue a terminar. Entonces hay que ser cautelosos, pero sí es claro que nos estamos enfrentando a una maquinaria de logística fiscal de contrabando grave para el país”, señaló.
Mier sostuvo que la investigación debe alcanzar a todos los involucrados en la cadena de responsabilidades, tanto funcionarios como integrantes de empresas privadas, y dejó en claro que será la FGR, y posteriormente un juez, quienes determinen si existen elementos para configurar el delito de delincuencia organizada.
El senador reconoció que el caso inevitablemente tendrá una lectura política; sin embargo, pidió actuar con prudencia y esperar a que concluyan las investigaciones antes de emitir juicios.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que Ruffo Appel es un “preso político” y cuestionó que una sola persona pueda ser responsabilizada por una red de contrabando de combustibles, al argumentar que una operación de huachicol fiscal requiere la participación de distintas autoridades.
“Es un preso político para intentar ocultar la realidad de nuestro país. Es un preso político porque no tiene ni el poder ni los alcances para llevar a cabo todo el entramado que se necesita para que el huachicol fiscal se realice.
“Es un preso político porque para que el huachicol fiscal se haga lamentablemente realidad requiere de la conjunción de seis o siete autoridades, entre municipales, estatales y nacionales. Por supuesto que Ernesto Rufo es un preso político para intentar ocultar la verdad, para intentar distraer la atención nacional, y evidentemente pues es una cortina de humo”, afirmó.
También el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Ruben Moreira, aseguró que el huachicol fiscal o la extracción de hidrocarburos en ductos, no se entiende sin la colusión de autoridades de Aduanas, Pemex, municipales y federales, incluidos los ya señalados en el caso de la secretaría de Marina.
Además, recordó los múltiples señalamientos contra Mario Delgado, los hijos de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Tamaulipas, Adán Augusto López y otros morenistas que han sido implicados en esta red de corrupción.
