Portador Noticias Por Alberto Valderrábano
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó con 26 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones la renuncia de Mónica Soto como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual será efectiva a partir del próximo 31 de agosto.
La salida de Soto de máximo tribunal en materia electoral generó un fuerte debate entre legisladores de oposición y el bloque oficialista, principalmente por la interpretación del artículo 98 de la Constitución, el cual establece que las renuncias de magistradas y magistrados electorales deben obedecer a una “causa grave”.
El PRI y el PAN cuestionaron que el Congreso aprobara la separación del cargo sin un análisis de fondo sobre las razones expuestas por Soto en su escrito, mientras Morena y sus aliados defendieron la procedencia de la renuncia y aseguraron que no se pone en riesgo el funcionamiento del TEPJF, que se quedara con 5 de 7 integrantes, por lo que habrá dos vacantes para calificar la elección del 2027.
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La senadora priista Carolina Viggiano sostuvo que el procedimiento seguido por la mayoría oficialista representa un nuevo debilitamiento de los contrapesos institucionales.
Advirtió que con la salida de Soto el Tribunal Electoral quedará con cinco de sus siete magistraturas, situación que, a su juicio, reduce los márgenes para garantizar la independencia y pluralidad del órgano encargado de resolver las controversias electorales.
Viggiano también cuestionó que la magistrada no haya expuesto públicamente una causa grave para su renuncia y cuestionó que le darán a cambio de debilitar al tribunal electoral.
Desde Acción Nacional, el senador José Máximo García López calificó la aprobación como un proceso “fast track” y sostuvo que la Comisión Permanente no debió votar la renuncia sin revisar previamente si la causa invocada cumplía con el requisito constitucional.
Señaló que el argumento de cerrar un ciclo profesional y atender compromisos familiares “no constituye una causa grave” bajo una interpretación constitucional, por lo que aprobarla sin mayor análisis convertiría el procedimiento en una “simulación jurídica”.
No obstante, explicó que el PAN tampoco podía votar simplemente en contra, porque ello implicaría obligar a Soto a permanecer en un cargo que ya decidió abandonar.
En tanto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, afirmó que el Congreso debió suspender el procedimiento por la falta de discusión de fondo.
Ramírez también recordó las críticas que ha recibido la magistrada por resoluciones relacionadas con los llamados “acordeones” durante la elección judicial, así como por decisiones sobre distribución de diputaciones y otros asuntos electorales.
En contraste, el coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, defendió la aprobación y afirmó que la Comisión Permanente cumplió con la responsabilidad prevista en el artículo 98 constitucional.
Destacó que Soto cuenta con casi una década de experiencia en la Sala Superior y sostuvo que su renuncia responde a una decisión personal, por lo que debe respetarse.
El legislador aseguró que no estarán comprometidas las resoluciones relacionadas con los procesos electorales federales y locales de 2027, pues, dijo, la Constitución y las leyes establecen los quórums y las mayorías necesarias para resolver los asuntos.
Con la aprobación, la Sala Superior enfrentará una nueva etapa con cinco magistraturas, repitiendo lo sucedido en 2024.
