Por Alberto Valderrábano
Estados Unidos solicitó a México revisar la denegación de los derechos laborales de los mineros de la mina de Sombrerete, en Zacatecas.
La queja fue presentada presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, ante el mecanismo laboral de respuesta rápida con fundamento en el capítulo 23-A del T-MEC, contra Grupo México, del empresario Germán Larrea.
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El gremio minero informó que después de un minucioso estudio por parte del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, se llegó a la conclusión de la existencia de la denegación de los derechos laborales por parte del gobierno de México hacia los mineros de la sección 201, pertenecientes a la mina San Martín, ubicada en la localidad zacatecana de Sombrerete.
El sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia recordó que el conflicto laboral en la mina San Martín, inició el 30 de Julio del año 2007, cuando estalló la huelga en protesta por las malas condiciones de seguridad y en demanda del cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, que Grupo México ha buscado desconocer.
Recordó que el Sindicato Nacional de Mineros ha demostrado por la vía legal en tribunales colegiados e incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha actuado conforme a derecho y que el movimiento de huelga y sus demandas son totalmente legales.
A pesar de esta batalla legal que realiza la Sección Minera 201, la empresa que dirige Germán Larrea se empecina en no reconocer al Sindicato Minero como titular del Contrato Colectivo de Trabajo, y a su dirigencia nacional, que lidera Napoleón Gómez Urrutia.
Asimismo, desconoció el movimiento de huelga y a partir de las órdenes de Germán Larrea se realizó la toma violenta de las instalaciones de la mina San Martín, desalojando a los huelguistas e imponiendo mediante un recuento ilegal a un sindicato patronal.
Por lo tanto esta determinación del Departamento del Trabajo de Estados Unidos obliga al gobierno mexicano a revisar en un término de 10 días esta demanda y da 35 días para investigar las denuncias y conclusiones presentadas.
