Marlene Juárez
Entre 2015 y 2020, 262 mil personas migraron de forma interna en México a causa de la inseguridad y la violencia.
Así lo reportó el Censo de Población y Vivienda 2020, que retomó la senadora del PRI, Sylvana Beltrones, en un punto de acuerdo que presentó para solicitar a la Secretaría de Gobernación que ponga en marcha un programa integral para atender el desplazamiento forzado interno, que incluya mecanismos para garantizar la seguridad de las comunidades desplazadas y un registro federal de víctimas.
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El planteamiento de la priista retoma datos del reporte global 2021, del Centro de Monitoreo sobre Desplazamiento Interno, que identificó nueve mil 700 nuevos desplazamientos por conflictos en 2020.
Además, dicho informe señaló que en México la violencia continuó sin cesar a pesar de la pandemia.
Beltrones expuso que a pesar de que los desplazamientos internos se habían caracterizado por ser “principalmente por conflictos de carácter religioso”, actualmente el innegable incremento de la violencia, sobre todo la ocasionada por el crimen organizado, es la causa de este fenómeno.
“A pesar de la existencia de este fenómeno social, resulta preocupante que desde hace décadas no exista una cifra oficial o una metodología aplicada desde las instancias gubernamentales, por lo que la información que hoy se conoce es gracias al trabajo de asociaciones civiles y organismos autónomos”.
La senadora subrayó en el documento, que se turnó a la Comisión de Gobernación, que las personas que padecen desplazamiento forzado interno son victimizadas de manera sistemática y se encuentran en condiciones de indefensión.
Expuso que al ser obligadas a abandonar sus lugares de residencia y actividades económicas habituales pueden estar más expuestas a ser víctimas de otro tipo de delitos, como secuestros, robos, extorsiones o violaciones.
Dijo que a ello pueden sumarse, en algunos casos, la pérdida de sus familiares, de sus medios de subsistencia, de documentos personales, de bienes patrimoniales y económicos, además de que pueden quedar imposibilitadas al acceso a los servicios básicos.
