Por Alberto Valderrábano
El senado de la República recibió la renuncia de ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de 380 magistrados y 200 jueces, que no desean participar en la elección de voto popular para la renovacion del poder judicial, cuyos comicios se realizarán en junio del año próximo.
Los magistrados concluirán sus labores en el máximo tribunal del país, el 31 de agosto del 2025.
Entre las renuncias y declinaciones se encuentra la de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.
Asimismo se recibió las cartas de renuncia de 380 magistradas y magistrados y 200 Jueces Federales.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández, indicó que la ministra Margarita Ríos Farjat no sólo renunció al encargo sino también a sus haberes de retiro.
Los ministros que renunciaron y declinaron son
Luis María Aguilar Morales
Jorge María Pardo Rebolledo
Javier Laynes Potisek
Norma Lucía Piña Hernández
Alberto Pérez Dayán
José Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Juan Luis González Alcántara Carrancá y
Ana Margarita Ríos Farjat.
Las renuncias y declinaciones llegaron al senado, e inmediatamente el legislador Fernández Noroña, las dio a conocer al pleno.
La ministra Norma Piña, escribió en su documento de renuncia y declinación:
“Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”.
También se informó que tres ministras decidieron participar en la elección: Lenia Batrés Guadarrama; Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Alhf.
Cabe resaltar que personal de Resguardo Parlamentario impidió a las juzgadoras entrar al recinto de Reforma e Insurgentes para hacer entrega de sus renuncias.
Luego de algunos minutos de diálogo, las magistradas ingresaron a las oficinas de Fernández Noroña.
La magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal, afirmó que no participarán en la elección, porque “las condiciones actuales no nos garantizan impartir una justicia con independencia y bajo los principios de ética que nos rigen dentro de la Judicatura”.
Y así lo explicó:”Es que estas reglas del juego con jueces a modo, serviles al oficialismo no es la ruta para las personas que hemos trabajado y que hemos seguido una carrera judicial, las tres que estamos aquí, de más de treinta años”.
Rechazó que desee formar parte de un Poder Judicial podrido y exigió al gobierno federal pruebas de esta afirmación, “es muy fácil tener argumentos simplistas, deslizar este tipo de aseveraciones y no probar. Primero, habrá que ofrecer las pruebas”.
Lamentó que treinta años de servicio en el Poder Judicial se vayan por la borda.
“Es muy lamentable más que para las personas que hoy tenemos que declinar, es muy lamentable para la sociedad mexicana, porque finalmente las personas justificables son quienes resentirán la falta de una justicia que sea totalmente imparcial y que sea impartida por personas con la capacidad técnica, profesional y ética correspondiente”.
La magistrada Lilia Mónica López Benítez criticó que con esta reforma “muchas mujeres nos estamos quedando sin empleo. No saben cómo van a resolver sus situaciones específicas de cada una de ellas. De nosotras dependen secretarías particulares, personal de confianzas, somos 55 mil personas trabajadoras en el Consejo de la Judicatura y esta reforma al Poder Judicial por supuesto que trae aparejados riesgos para ellas, y especialmente, para quienes son de carrera judicial, porque con esta reforma se les coarta su derecho a seguir avanzando”, agregó.
