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A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la investigación federal abrió nuevas líneas que colocan en el centro el análisis de comunicaciones telefónicas, el uso posterior de celulares pertenecientes a estudiantes y la posible participación de personas relacionadas con funerarias y el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala.
Durante la presentación del informe más reciente, este 28 de septiembre, el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Mauricio Pazarán Álvarez, informó que el reanálisis de los registros telefónicos de 2014 y 2015 permitió detectar a 17 personas que anteriormente no habían sido identificadas como relevantes para la investigación y que ahora son investigadas.
La nueva metodología busca reconstruir no sólo quién realizó llamadas durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, sino la frecuencia, horarios y redes de contacto entre los involucrados.
De acuerdo con lo presentado por la Fiscalía, fueron detectadas comunicaciones entre presuntos integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y particulares, algunas de ellas concentradas precisamente durante las horas en que ocurrieron los ataques y la desaparición de los normalistas.
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Funerarias, una nueva pieza de la investigación
Uno de los puntos que adquirió mayor relevancia es la posible utilización de funerarias y crematorios de Iguala para desaparecer evidencias.
La investigación estableció comunicaciones entre tres personas identificadas como integrantes de Guerreros Unidos —conocidos como “La Gaby”, “El Chucky” y “El Gusano”— y Rodolfo “N”, relacionado con las funerarias El Ángel y Funerales Económicos Rueda.
La Fiscalía sostiene además que Rodolfo “N” tuvo ocho comunicaciones con Irving “N”, quien era estudiante en 2014 y quien, de acuerdo con el análisis presentado, también registró contactos con integrantes de Guerreros Unidos durante las horas investigadas. Estos datos son considerados indicios dentro de una línea todavía bajo investigación y no equivalen, por sí mismos, a una determinación de responsabilidad penal.
La relevancia de la familia investigada aumenta debido a que sus actividades no se limitaban a los servicios funerarios. Según la información presentada, también tenía participación en la operación del Semefo de Iguala y en la administración del panteón, lo que podía darle intervención en distintas etapas del manejo de cadáveres.
Celulares de normalistas siguieron activos
Otro de los hallazgos relevantes surgió del rastreo de los teléfonos celulares. La Fiscalía informó que algunos equipos vinculados con estudiantes siguieron utilizándose después de los ataques. Entre los casos expuestos se encuentra el teléfono de Julio César Mondragón, normalista asesinado durante los hechos de Iguala.
Según el informe, el equipo fue utilizado el 4 de octubre de 2014, ocho días después de los ataques, por Rodolfo “N”, propietario de establecimientos funerarios investigados por las autoridades.
También se reportó que el teléfono de Israel Caballero Sánchez, uno de los normalistas desaparecidos, habría terminado en poder de la esposa de un exservidor público municipal relacionado con la barandilla de Iguala.
Para la Fiscalía, seguir la ruta de estos aparatos permite establecer contactos y posibles conexiones que no fueron suficientemente exploradas en etapas anteriores de la investigación.
Restos detrás del Semefo
El informe incorporó además los hallazgos realizados en las instalaciones vinculadas al Semefo de Iguala.
Pazarán informó que el 26 de marzo de 2026 fueron localizados restos óseos ocultos y enterrados en la parte posterior del Semefo. Los análisis periciales determinaron que uno de esos restos tenía correspondencia genética con otro fragmento encontrado por la Fiscalía el 17 de diciembre de 2021, a unos 123 kilómetros de distancia, en el camino a las antenas de Mezcaltepec, municipio de Taxco.
La coincidencia abrió una nueva interrogante para los investigadores: cómo fragmentos correspondientes a una misma persona terminaron separados por más de cien kilómetros.
Hasta ahora, la información pública del informe no establece que esos restos correspondan a alguno de los 43 estudiantes desaparecidos.
La investigación sobre funerarias y el Semefo ha sido controvertida. Familiares de personas investigadas han cuestionado aspectos de la hipótesis oficial, entre ellos las condiciones de las instalaciones en 2014 y algunos de los hallazgos realizados posteriormente. Esos cuestionamientos forman parte de una disputa que deberá resolverse mediante las pruebas periciales y los procesos judiciales.
Detenciones alcanzan a policías, exfuncionarios y empresarios
La Fiscalía informó además que entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra personas de distintos perfiles relacionadas con las nuevas líneas de investigación.
El balance presentado incluye nueve expolicías municipales, ocho presuntos integrantes o colaboradores de grupos delictivos, siete exservidores públicos, dos empresarios y cuatro civiles vinculados con líneas específicas de investigación.
Entre los exfuncionarios mencionados por las autoridades se encuentran un exgobernador de Guerrero, una exmagistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal, una visitadora del mismo tribunal y un médico legista que trabajaba en la denominada barandilla el día de los hechos.
Entre los casos de mayor relevancia está el del exgobernador de Guerrero Ángel “N”, quien fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada. La hipótesis de la FGR sostiene que habría ocultado información considerada relevante para esclarecer la desaparición de los estudiantes. La imputación se encuentra sujeta al proceso judicial correspondiente y no constituye una sentencia.
Una investigación todavía abierta
El Gobierno federal sostiene que las nuevas investigaciones representan un cambio respecto de etapas anteriores porque buscan apoyarse en evidencia científica, análisis de comunicaciones y reconstrucción de redes de contactos, además de contrastar testimonios.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este lunes que la investigación “no está cerrada” y señaló que las nuevas metodologías permitieron recuperar información contenida en expedientes y teléfonos que no había sido explotada de la misma manera anteriormente.
Sin embargo, pese a las nuevas detenciones y líneas abiertas, el interrogante central del caso permanece sin respuesta: dónde están los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
El nuevo informe no presenta todavía una reconstrucción definitiva de lo ocurrido. Lo que aporta es una nueva ruta de investigación que conecta comunicaciones telefónicas, integrantes de Guerreros Unidos, autoridades, empresarios funerarios, instalaciones del Semefo y teléfonos que pertenecieron a los estudiantes.
Doce años después de los ataques de Iguala, las autoridades federales mantienen abierta la investigación para determinar el destino de los normalistas y establecer responsabilidades individuales sustentadas ante los tribunales.
