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La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que el proceso penal contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel continúa, pese a la resolución judicial que le permite cumplir la prisión preventiva en su domicilio de Ensenada.
La dependencia señaló que la decisión tomó en cuenta su edad y los problemas de salud expuestos por la defensa, pero no modifica las acusaciones en su contra.
Ruffo salió el sábado 26 de septiembre del penal federal del Altiplano bajo custodia de la Guardia Nacional. Su traslado por carretera hacia Baja California abrió un nuevo enfrentamiento público entre la Fiscalía y quienes respaldan al exmandatario.
En un video publicado en X, Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de Somos México, calificó el traslado terrestre como una medida de “venganza”.
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Aseguró que Ruffo viajaba esposado de manos y pies durante un recorrido de casi 3 mil kilómetros y pidió a simpatizantes documentar el paso del convoy. Esas condiciones fueron denunciadas por Acosta Naranjo; la FGR no se pronunció sobre ellas en su comunicado del domingo.
Verónica Ruffo, hija del exgobernador, también cuestionó la decisión de llevarlo por tierra. En una entrevista realizada afuera de la casa familiar en Ensenada, dijo que desconocía cómo sería el traslado y lo consideró peligroso por el estado de salud de su padre. La familia permanece a la espera de su llegada.
En otro video, difundido tras la resolución judicial, Verónica agradeció a quienes apoyaron a su familia y dejó claro que buscarán la libertad de Ruffo y demostrar su inocencia. “Esto no termina aquí”, expresó.
La FGR sostiene que Ruffo está vinculado con una presunta red de contrabando de combustible y que enfrenta cargos por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. El exgobernador rechaza las acusaciones. La resolución sobre su permanencia en casa no determina su culpabilidad ni pone fin al juicio.
