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El asesinato de la periodista y candidata Susy Aponte Polo ha conmocionado a Perú y encendido las alertas sobre la violencia política y los riesgos que enfrentan quienes investigan presuntos actos de corrupción.
Aponte, conocida como “La China Polo”, fue atacada a balazos el sábado 19 de septiembre mientras realizaba un recorrido proselitista en las inmediaciones de un mercado de Caraz, en la provincia de Huaylas, región de Áncash.
La comunicadora aspiraba a gobernar Áncash por el movimiento Socios por Áncash en las elecciones regionales y municipales previstas para el próximo 4 de octubre.
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De acuerdo con los primeros reportes, un hombre armado disparó contra Aponte cuando caminaba acompañada por simpatizantes e integrantes de su agrupación. La agresión también dejó a cinco personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Caraz.
Después del ataque, agentes de la Policía Nacional de Perú desplegaron un operativo y detuvieron en la Carretera Central a un ciudadano venezolano señalado como posible autor material. Durante la intervención, las autoridades le aseguraron un arma de fuego.
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, confirmó posteriormente la detención del presunto sicario e informó que otras personas fueron intervenidas por su posible relación con el homicidio. También señaló que los investigadores cuentan ya con una hipótesis sobre quién habría ordenado el ataque, aunque no proporcionó nombres ni detalles para evitar afectar las diligencias.
Había denunciado amenazas
El crimen cobró mayor relevancia debido a que, nueve días antes de ser asesinada, Aponte aseguró públicamente que había recibido llamadas desde tres centros penitenciarios para advertirle sobre un supuesto plan para atentar contra su vida.
La periodista afirmó haber presentado la denuncia correspondiente y responsabilizó públicamente al jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, Víctor Revoredo Farfán, en caso de que algo le sucediera. Hasta ahora, esa acusación no ha sido acreditada judicialmente y deberá ser examinada como parte de las investigaciones.
Horas antes de morir, Aponte también había anunciado la publicación de nuevos reportajes sobre políticos de Áncash y supuestas irregularidades vinculadas con autoridades policiales.
Mediante su plataforma digital “China Polo Dominical”, la comunicadora difundía investigaciones y señalamientos sobre posibles actos de corrupción en gobiernos municipales, la Policía Nacional, el Ministerio Público y otras instituciones peruanas.
Fiscalía abre investigación
La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el presunto delito de feminicidio.
Entre las primeras diligencias se encuentran el análisis del arma asegurada, la revisión de las cámaras de videovigilancia, la recopilación de testimonios y la búsqueda de posibles autores intelectuales.
El Jurado Nacional de Elecciones condenó el asesinato y demandó una investigación rápida y rigurosa. También sostuvo que la violencia no tiene cabida en una sociedad democrática y pidió garantizar la seguridad de quienes participan en el proceso electoral.
Organizaciones periodísticas hicieron un llamado para que el caso no se limite a la captura del presunto tirador, sino que se esclarezcan el móvil y la posible participación de otras personas. El Colegio de Periodistas de Lima también solicitó identificar y sancionar tanto a los responsables materiales como a quienes pudieran haber ordenado el homicidio.
El asesinato de Susy Aponte ocurre en medio de una creciente preocupación por las agresiones contra comunicadores en Perú. Durante 2025 fueron asesinados cuatro periodistas en ese país, mientras que organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido sobre el incremento de amenazas y ataques en el contexto electoral.
