Portador Noticias Por Marlene Juárez
Doce años después de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, las madres y los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa mantienen la misma exigencia: saber qué ocurrió con sus hijos y dónde están. La investigación continúa abierta, pero todavía no ofrece una explicación completa de los hechos ni respuestas para la mayoría de las familias.
Durante la jornada por el aniversario, los familiares marcharon en Guerrero y reiteraron sus principales demandas. Una de ellas es la entrega de 853 folios de información militar que, de acuerdo con sus representantes, podrían ayudar a reconstruir lo ocurrido aquella noche.
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El abogado de las familias, Isidoro Vicario, señaló que un juzgado federal ordenó en febrero entregar esa documentación; los padres sostienen que la exigencia sigue sin cumplirse. También piden que se investigue a fondo la actuación de las corporaciones de seguridad que tuvieron conocimiento de los ataques.
Otra petición es el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo trabajo ayudó a desmontar la llamada verdad histórica presentada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las familias reclaman además avances en la extradición de Tomás Zerón y José Ulises Bernabé, así como en líneas de investigación que, a juicio de sus representantes, permanecen estancadas.
Nuevas pesquisas, sin una respuesta definitiva
En los últimos meses, la investigación incorporó nuevas actuaciones. Entre ellas figuran la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, relacionada con una presunta obstrucción de las pesquisas, y diligencias sobre la posible utilización de funerarias en Iguala. Esta última es una hipótesis bajo investigación, no una conclusión sobre el destino de los estudiantes. Hasta ahora, únicamente se han identificado pequeños fragmentos óseos de tres de los 43 jóvenes.
El diálogo de las familias con el gobierno de Claudia Sheinbaum continúa marcado por esa distancia entre las acciones anunciadas y los resultados que esperan los padres.
La administración federal ha planteado nuevas líneas de análisis, entre ellas el estudio de comunicaciones telefónicas relacionadas con los hechos; las familias insisten en que cualquier avance debe traducirse en información verificable sobre el paradero de sus hijos y en responsabilidades judiciales. La entrega de los archivos y la participación de expertos independientes siguen siendo puntos centrales de sus reclamos ante las autoridades.
El paso del tiempo también pesa sobre quienes iniciaron la búsqueda. Según Tlachinollan, ocho padres de los 43 han fallecido sin conocer el paradero de sus hijos. Al cumplirse doce años, las familias vuelven a las calles y a las mesas con las autoridades con una demanda que permanece intacta: verdad, búsqueda y justicia.
