Portador Noticias Por Alberto Valderrábano
Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera del Senado aprobaron este miércoles sin cambios y con la oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la Ley Federal de Derechos para el ejercicio fiscal 2027, con medidas que buscan fortalecer la recaudación, modificar los beneficios fiscales de grandes contribuyentes y ampliar los límites de acceso al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).
La propuesta económica contempla ingresos totales por 10 billones 636 mil 488 millones de pesos para el próximo año, además de autorizar al Ejecutivo federal a contratar un endeudamiento neto interno de hasta un billón 700 mil millones de pesos para financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Uno de los principales cambios se encuentra en la Ley del ISR, que establece nuevas restricciones a las deducciones autorizadas y a la amortización de pérdidas fiscales para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos.
El dictamen plantea limitar las deducciones a un máximo de 96.67 por ciento de los ingresos acumulables y restringir al 50 por ciento de la utilidad fiscal la aplicación de pérdidas de ejercicios anteriores.
También se reduce de 30 a 20 por ciento de la utilidad fiscal el límite para deducir intereses netos, una modificación que puede incrementar la carga tributaria de empresas con elevados niveles de financiamiento.
En contraste, se amplían los umbrales de ingresos para permanecer en el RESICO. Para las personas físicas, el límite anual aumenta de 3.5 a 5 millones de pesos, mientras que para las personas morales pasa de 35 a 50 millones de pesos. Asimismo, los ingresos exentos para actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras se elevan de 900 mil a un millón de pesos anuales.
El dictamen incorpora disposiciones para las operaciones mediante plataformas digitales. Entre ellas, contempla retenciones de ISR de 2.1 por ciento para conductores y repartidores y de 2.5 por ciento para actividades de comercio electrónico.
Para quienes no proporcionen su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), se establecen tasas de retención de hasta 20 por ciento de ISR y 100 por ciento de IVA, conforme a los supuestos previstos en la iniciativa.
Las bancadas de oposición advirtieron que el paquete económico para 2027 podría trasladar mayores presiones financieras a trabajadores, empresas y consumidores, al combinar nuevas disposiciones fiscales con un endeudamiento público que, de acuerdo con sus estimaciones, comprometerá una proporción creciente de los recursos del país.
Durante la discusión de la Ley de Ingreso, las modificaciones al impuesto sobre la renta (ISR) y la Ley Federal de Derechos, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano anunciaron su voto en contra y coincidieron en cuestionar la estrategia de recaudación del gobierno federal, al considerar que no distingue suficientemente entre grandes contribuyentes y negocios con márgenes de utilidad reducidos.
Sin embargo el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, centró sus críticas en el endeudamiento.
Afirmó que el gobierno subestimó el déficit fiscal de 2025, al calcularlo en 3.9 por ciento del producto interno bruto (PIB), cuando, según expuso, terminó en 4.9 por ciento.
También sostuvo que el costo de los intereses absorberá una cantidad cercana al nuevo financiamiento autorizado.
Por su parte la senadora del PRI, Carolina Viggiano, afirmó que el paquete contempla ingresos por 10.6 billones de pesos y autoriza endeudamiento interno neto de hasta 1.7 billones.
Cuestionó que el costo financiero de la deuda proyectado para 2027 ronde 1.575 billones de pesos, una cantidad que, sostuvo, limitará los recursos disponibles para infraestructura y servicios públicos.
En tanto la priista Cristina Ruiz, cuestionó la política de austeridad y exigió explicaciones sobre los recursos relacionados con el caso Segalmex.
Asimismo, criticó los límites para acceder a determinados estímulos fiscales, los aumentos en derechos migratorios y por el uso del espacio aéreo, al advertir que los mayores costos podrían afectar la competitividad turística y el alto costo de la deuda.
Por su parte el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, sostuvo que México necesita una reforma fiscal progresiva que permita recaudar más de quienes tienen mayor capacidad económica, en lugar de mantener una estructura que, afirmó, descansa principalmente en los trabajadores.
Cuestionó que el incremento de la deuda no se refleje suficientemente en mejores hospitales, medicamentos, escuelas e infraestructura productiva.
Sin embargo el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que parte del endeudamiento debe orientarse al fortalecimiento de la conectividad, la infraestructura y el sector energético, con el propósito de crear las condiciones necesarias para aprovechar la llegada de inversión extranjera y convertirla en un motor de crecimiento para la economía mexicana.
El senador morenista señaló que la discusión sobre la deuda debe considerar la capacidad de impulsar proyectos estratégicos que permitan al país responder a las necesidades de las empresas interesadas en invertir en México, particularmente en rubros indispensables para el desarrollo de sus actividades productivas.
De acuerdo con la Ley de Ingresos, la principal fuente de recursos del gobierno federal serán los impuestos, con una recaudación estimada de seis billones 263 mil 886.8 millones de pesos.
El documento, contempla además 702 mil 564.7 millones de pesos por cuotas y aportaciones de seguridad social; 177 mil 185.9 millones por derechos; 15 mil 77.3 millones por productos, y 329 mil 479.8 millones por aprovechamientos.
A estos recursos se suman un billón 457 mil 539.9 millones de pesos provenientes de la venta de bienes, la prestación de servicios y otros ingresos; 210 mil 774 millones por transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones, así como un billón 479 mil 959.2 millones derivados de financiamientos.
La recaudación federal participable se proyecta en cinco billones 722 mil 752 millones de pesos, monto que sirve como referencia para la distribución de recursos federales entre estados y municipios.
