Portador Noticias Portador Noticias/Redacción
El combustible fue asegurado en una terminal formal de almacenamiento que cuenta con permisos y antecedentes de operaciones con Pemex. El especialista Gonzalo Monroy cuestionó que se haya presentado el caso como huachicol cuando la procedencia ilícita del producto todavía debe acreditarse.
El aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustibles en San José Iturbide, Guanajuato, anunciado inicialmente como uno de los mayores golpes contra el huachicol en México, abrió una polémica después de conocerse que el producto no estaba almacenado en una instalación clandestina, sino en una terminal formal y regulada del sector energético.
El operativo se realizó en la comunidad de La Fragua, donde fueron asegurados 10 tanques de almacenamiento, unidades de carga, documentación y aproximadamente 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de Premium y 18.2 millones de diésel.
Entérate: Cóndores despliegan maniobra aérea junto a la Torre del Caballito durante simulacro nacional
La investigación se originó el 3 de julio, después de la detención de una persona que presuntamente descargaba diésel de una pipa y no pudo acreditar la trazabilidad del producto.
La dimensión del hallazgo provocó que el caso fuera presentado públicamente como un aseguramiento histórico de huachicol. Sin embargo, la propia información de las autoridades establece una diferencia relevante: el Ministerio Público Federal todavía debe determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad de los hidrocarburos.
Gonzalo Monroy pone el foco en una contradicción
El especialista en energía Gonzalo Monroy, director de la consultora GMC, cuestionó públicamente, a través de sus redes sociales, la caracterización inicial del operativo. Su argumento central es que los hidrocarburos estaban dentro de una terminal formal de almacenamiento operada por Gas Natural del Noroeste, vinculada a Grupo SIMSA, y no en una toma clandestina o un depósito improvisado.
Monroy sostiene que, con la información pública disponible, todavía no está demostrado que esos 59 millones de litros sean huachicol. Además, recordó que la terminal tiene antecedentes regulatorios y ha participado previamente en operaciones del mercado formal de combustibles.
Ese señalamiento abrió una serie de interrogantes: ¿quién es realmente propietario de los 59 millones de litros?, ¿qué parte del combustible carecería de documentación?, ¿cuál es la irregularidad concreta detectada?, ¿el problema está en el origen del producto, su importación, su transporte, su situación fiscal o únicamente en que su trazabilidad aún no había sido acreditada ante la autoridad?
Y existe una pregunta todavía más básica: ¿es correcto llamar “huachicol” a todo el volumen asegurado antes de que concluya la revisión documental y pericial?
La terminal sí tiene permisos
Este punto es determinante para entender la controversia. Gas Natural del Noroeste sostiene que cuenta con el permiso PL/19344/ALM/2016, originalmente otorgado por la entonces Comisión Reguladora de Energía, así como con modificaciones posteriores. De acuerdo con la documentación citada por la empresa, la instalación tiene una capacidad operativa de aproximadamente 896 mil barriles, equivalentes a unos 142.5 millones de litros.
Esto significa que almacenar 59 millones de litros no sería, por el volumen en sí mismo, algo incompatible con la capacidad de una terminal de esas dimensiones.
Además, existen antecedentes oficiales de la instalación. Información regulatoria documentó que Pemex comenzó en 2017 a recibir gasolina y diésel importados por ferrocarril con destino a San José Iturbide utilizando precisamente esta terminal.
Grupo SIMSA también se deslindó de irregularidades y sostuvo que la terminal presta servicios de recepción y almacenamiento a terceros. Bajo esa versión, una cosa es la propiedad y operación de los tanques y otra distinta la propiedad de los millones de litros almacenados en ellos: correspondería a las empresas usuarias acreditar la procedencia legal de sus productos. Esa es, hasta ahora, la posición de la compañía, no una conclusión de la investigación.
Entonces, ¿qué aseguró realmente la FGR? Ahí está el centro de la controversia. De acuerdo con la información disponible sobre el pronunciamiento de la Fiscalía, fueron encontrados más de 59 millones de litros de hidrocarburos cuyo origen no había sido acreditado. Esa formulación no equivale jurídicamente, por sí sola, a establecer que todo el producto sea robado o introducido ilegalmente al país.
Para demostrarlo será necesario reconstruir la trazabilidad: quién compró cada cargamento, quién lo transportó, quién es su propietario, de dónde salió, cómo ingresó al país en caso de ser importado, qué documentación fiscal y aduanera lo respalda y si los inventarios físicos coinciden con los registros de entradas y salidas.
Por ello, los documentos contables asegurados durante el cateo pueden terminar siendo tan importantes para la investigación como los propios combustibles.
Otro cuestionamiento: 59 millones de litros y ningún detenido en el cateo
La magnitud del aseguramiento también generó preguntas porque no hubo personas detenidas durante el operativo en la terminal.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que cuando las autoridades llegaron al complejo no había nadie y señaló que las detenciones podrían producirse conforme avance la investigación. También indicó que las pesquisas comenzaron con el aseguramiento de una pipa en julio.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la investigación debe determinar si se trata de combustible robado o ingresado ilegalmente al país, así como establecer quién lo recibía, cuáles eran sus destinos y quiénes participaban en la eventual red.
Esta explicación mantiene abierta precisamente una de las cuestiones planteadas por Monroy: la naturaleza ilícita del volumen completo debe probarse mediante la investigación.
¿Por qué el caso abrió un debate?
La polémica no gira únicamente alrededor de los 59 millones de litros. El punto de fondo es en qué momento un aseguramiento de combustible puede presentarse públicamente como un decomiso de huachicol.
Hay dos planos que todavía deben distinguirse. Por un lado, existe una investigación federal que comenzó con una pipa cuya trazabilidad no pudo acreditarse y que condujo posteriormente hasta la terminal. Las autoridades aseguraron combustible, vehículos y documentación y mantienen abierta la investigación sobre su procedencia.
Por otro, el combustible fue localizado dentro de una instalación conocida por las autoridades, con permisos de almacenamiento y capacidad suficiente para manejar un volumen muy superior al asegurado. La empresa sostiene además que buena parte de los productos almacenados pertenecen a sus clientes.
Por eso, el debate ya no consiste únicamente en dimensionar un “decomiso histórico”. La pregunta que deberá responder la FGR es mucho más específica:
¿Qué evidencia demuestra que los 59 millones de litros son de procedencia ilícita y a quién pertenecen?
Hasta que concluyan los peritajes y la revisión de la documentación, lo acreditado públicamente es el aseguramiento de los hidrocarburos y la existencia de una investigación sobre su trazabilidad; la determinación definitiva sobre la ilegalidad del volumen completo permanece pendiente.
