Portador Noticias Por Alberto Valderrábano
El anuncio de la Auditoría Superior de la Federación de auditar cuentas del Instituto Federal Electoral, desde el año 2000, la oposición en el Senado lo calificó como un distractor para evadir la responsabilidad en Morena , por la corrupción orquestada por la expresidenta, Claudia Tadei.
Además el anuncio de la ASF de investigar las contrataciones públicas del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), del actual Instituto Nacional Electoral (INE) y de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), con una revisión histórica que abarca desde el año 2000 hasta 2025, dividió opiniones en el Senado.
Por su parte Morena defendió que se investiguen posibles irregularidades sin importar cuánto tiempo haya transcurrido, y la respuesta inmediata de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano fue cuestionar que la fiscalización se remonte 25 años atrás, con el único objetivo de distraer la atención por el escándalo y la responsabilidad de Morena en los actos de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE.
El presidente del Senado, Higinio Martínez, rechazó que la revisión represente un despropósito o una estrategia para desviar la atención y sostuvo que, si la ASF cuenta con facultades legales, debe investigar los ejercicios que considere necesarios.
“Por un año, por dos, por diez, por veinte. Mientras esté en sus facultades no habría ningún problema”, dijo.
A su vez el senador sin partido Manlio Fabio Beltrones consideró que revisar contrataciones de hace dos décadas puede convertirse en un asunto político, debido a que existen plazos de prescripción para responsabilidades penales y administrativas.
Explicó que, según su interpretación, las responsabilidades penales prescriben a los cinco años y las administrativas o fiscales a los diez, por lo que cuestionó la utilidad de una investigación tan amplia. A su juicio, la fiscalización debería concentrarse en las decisiones recientes y, particularmente, en las atribuciones que tuvo Taddei para realizar nombramientos de manera unilateral.
En tanto el priista Rolando Zapata coincidió en que la prioridad debe ser transparentar la gestión de Taddei y las decisiones de su equipo.
Consideró que la revisión histórica puede cumplir con la norma, pero sostuvo que la ciudadanía espera conocer qué irregularidades ocurrieron durante la presidencia de la funcionaria y cuáles tendrán consecuencias administrativas o penales.
Por el PAN, Miguel Márquez calificó el anuncio de la ASF como una “cortina de humo” y sostuvo que las irregularidades denunciadas en el INE deben investigarse sin proteger a nadie.
“Que caiga quien caiga”, expresó, al advertir que la institución electoral necesita recuperar la confianza y garantizar imparcialidad, certeza y legitimidad rumbo a las elecciones de 2027.
El senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, expresó una postura más cautelosa. Aunque consideró que la ASF puede tener motivos para revisar las auditorías anteriores, pidió priorizar los recursos disponibles y atender también los pendientes de fiscalización de años recientes.
Por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio calificó de “completamente sin sentido” ampliar las investigaciones hasta 2000 y acusó que se pretende construir una “cacería de brujas” para desviar la atención de los señalamientos actuales en el sistema electoral.
