Portador Noticias Marlene Juárez
A unos meses de las elecciones de 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una crisis institucional que combina investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, cuestionamientos a sus mecanismos de vigilancia interna, la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia y un recorte presupuestal que podría modificar los recursos disponibles para organizar los próximos comicios.
El Órgano Interno de Control (OIC) identificó que cinco empresas vinculadas entre sí obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, principalmente para suministrar materiales electorales a 27 organismos públicos locales electorales (OPLE).
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Durante su comparecencia ante diputados federales, el contralor Víctor Hugo Carvente Contreras explicó que las compañías habrían simulado competir entre ellas para obtener adjudicaciones, pese a compartir vínculos empresariales y representantes.
Las empresas señaladas son Cajas Graf, con contratos por mil 72 millones de pesos; Formas Finas y Materiales, con 815.9 millones; Corporativo ZEG, con 278.7 millones; Comercializadora JVLY, con 208.3 millones, y Seriplast de México, con 85.1 millones.
Entre las personas relacionadas con las compañías aparecen los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, cuyos vínculos empresariales forman parte de las investigaciones.
El contralor informó que existen 18 expedientes relacionados con posibles irregularidades en contrataciones. De ellos, 13 permanecen bajo investigación y cinco avanzaron a procedimientos de responsabilidad administrativa.
Las indagatorias incluyen posibles conflictos de interés, simulación de competencia, sobreprecios e incumplimientos contractuales. Hasta ahora, los señalamientos no constituyen una determinación definitiva de responsabilidad.
Renuncia y cuestionamientos a la vigilancia
El escándalo derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei, anunciada el 26 de octubre, después de que surgieran señalamientos sobre presuntos vínculos personales con uno de los contratistas investigados.
La exconsejera presidenta sostuvo que las versiones difundidas debían verificarse y justificó su salida como una medida para preservar la institución.
La consejera Blanca Cruz asumió provisionalmente la conducción del organismo y planteó una revisión interna para garantizar transparencia, continuidad institucional y decisiones colegiadas.
Sin embargo, las investigaciones también abrieron interrogantes sobre la actuación de los órganos fiscalizadores, debido a que algunas irregularidades habían sido identificadas desde mayo de 2025.
Plantean quitarle 5 mil millones al INE
A la crisis administrativa se sumó la propuesta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para reducir en 5 mil millones de pesos los recursos proyectados para el INE en 2027.
El proyecto plantea disminuir la asignación de 42 mil 274.5 millones a aproximadamente 37 mil 275 millones de pesos.
Los recursos serían redistribuidos: 3 mil millones al programa La Escuela es Nuestra, mil millones a medio ambiente, 700 millones a la Agencia Federal de Aviación Civil y 300 millones a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
La comisión legislativa argumentó que el presupuesto restante permitiría organizar las elecciones sin comprometer las funciones del instituto.
Elecciones bajo presión
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la salida de Taddei y sostuvo que el INE debe garantizar transparencia e imparcialidad. Desde la oposición, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió sobre el riesgo de que la sustitución de la presidencia derive en una designación políticamente afín a Morena.
El organismo deberá preparar las elecciones federales y locales de 2027 mientras enfrenta investigaciones sobre sus proveedores, revisa sus controles administrativos y define su conducción institucional.
El desafío no se limita a esclarecer posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos: también implica garantizar que los conflictos internos y los ajustes presupuestales no afecten la organización electoral ni la confianza ciudadana en los resultados.
