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Una iniciativa para sancionar el uso indebido de imágenes, voces e identidades en contenidos digitales volvió a generar polémica bajo el nombre de “Ley Antimemes”. La propuesta del diputado de Morena Armando Corona Arvizu busca añadir dos artículos al Código Penal Federal, pero no existe todavía una ley aprobada que prohíba los memes.
El proyecto, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 23 de septiembre de 2025, propone castigar con tres a seis años de prisión y de 300 a 600 días multa a quien cree, manipule, reproduzca o difunda imágenes, videos, audios o representaciones digitales mediante herramientas de edición o inteligencia artificial, sin consentimiento de la persona cuya imagen, voz o identidad se utiliza, con el propósito de ridiculizarla, acosarla, suplantarla o dañar su reputación o dignidad.
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La pena aumentaría en una mitad bajo las circunstancias previstas en el texto, entre ellas que la víctima sea menor de edad, tenga una discapacidad o sea servidora pública en funciones.
¿En qué etapa está?
La publicación de una iniciativa abre su trámite legislativo; no equivale a su aprobación. Para entrar en vigor tendría que superar el proceso legislativo y publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Por ello, las penas descritas pertenecen al texto propuesto, no a una disposición vigente.
Corona Arvizu sostiene que la reforma pretende ofrecer protección frente al acoso, la suplantación y otros daños que pueden causar los contenidos manipulados. En la exposición de motivos afirma que no busca prohibir el humor legítimo, sino sancionar el uso malicioso de la identidad ajena sin autorización.
La controversia se concentra en el alcance de expresiones como “ridiculizar” o “dañar la reputación o dignidad”. Aunque la iniciativa exige otros elementos para configurar la conducta, su redacción ha despertado inquietud por la posibilidad de que una denuncia alcance piezas de sátira o crítica política, especialmente porque contempla una pena mayor cuando la persona afectada es servidora pública en ejercicio de sus funciones
. La discusión legislativa tendrá que precisar cómo proteger a víctimas de manipulación digital sin abrir la puerta a sancionar expresiones de interés público.
