Portador Noticias La consejera explicó que tomó esa determinación para proteger la estabilidad, credibilidad e independencia del organismo encargado de organizar las elecciones federales y locales.
Su anuncio ocurre después de investigaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en contrataciones del instituto y de una revisión anunciada por la Auditoría Superior de la Federación.
De rechazar su salida a anunciarla
Todavía el sábado, Taddei había comunicado a otras consejerías que permanecería en el cargo.
En aquella reunión virtual, la presidenta habría considerado que los señalamientos tenían motivaciones políticas y que su permanencia ayudaría a proteger al organismo electoral.
Un día después, el comunicado oficial presentó una decisión distinta: su salida de la presidencia que asumió en abril de 2023.
Taddei reconoció la existencia de cuestionamientos públicos, aunque evitó pronunciarse sobre responsabilidades individuales o dar por acreditadas las acusaciones difundidas recientemente.
“No corresponde anticipar conclusiones: cada señalamiento debe examinarse con evidencia y por las vías institucionales”, sostuvo en el documento.
Los contratos que provocaron cuestionamientos
Las publicaciones recientes han señalado presuntos vínculos entre personas cercanas a Taddei y proveedores relacionados con contrataciones de materiales y servicios electorales.
Entre los nombres mencionados aparece José Alfredo Hernández Casillas, empresario relacionado con firmas proveedoras del instituto, según investigaciones retomadas por diversos medios nacionales.
La Auditoría Superior de la Federación inició una revisión de posibles irregularidades. Esa investigación deberá establecer hechos, responsabilidades y eventuales consecuencias conforme a derecho.
El sábado, la presidencia del INE había defendido su actuación y asegurado que colaboraría con las autoridades encargadas de investigar las contrataciones cuestionadas.
También informó sobre relevos en áreas administrativas y ejecutivas, sin identificar en ese comunicado a todas las personas involucradas ni atribuirles responsabilidades definitivas.
En su mensaje de renuncia, Taddei insistió en que las investigaciones deben continuar independientemente de su decisión de abandonar la presidencia.
“La decisión no releva a nadie del deber de esclarecer, con transparencia, rigor y debido proceso, los hechos que deban investigarse”, afirmó.
El Congreso tendrá que resolver el relevo
La salida anunciada abre un procedimiento institucional en plena preparación de los comicios federales y locales de 2027, cuyo proceso comenzó el pasado septiembre.
El artículo 41 constitucional establece que, ante una falta absoluta durante los primeros seis años del encargo, debe elegirse una persona sustituta para concluir el periodo.
La legislación electoral también prevé una presidencia provisional elegida entre las consejerías restantes, mientras la Cámara de Diputados realiza el procedimiento correspondiente.
La eventual sustitución definitiva no depende exclusivamente de una decisión partidista. La Constitución establece requisitos, evaluación de aspirantes y mecanismos de designación legislativa.
El desafío inmediato será mantener la continuidad de las actividades electorales y esclarecer los cuestionamientos sin confundir la responsabilidad personal con el funcionamiento institucional.
Una salida que no cierra las investigaciones
En su despedida, Taddei afirmó que ha dedicado 33 años al servicio electoral y sostuvo que el instituto dispone de personal capacitado para continuar.
“Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen. La democracia mexicana debe seguir adelante”, expresó al concluir el mensaje firmado con su nombre.
Su renuncia anunciada no constituye una aceptación de responsabilidad por las irregularidades investigadas ni sustituye las conclusiones que deberán emitir las autoridades competentes.
Tampoco resuelve por sí misma las preguntas sobre los contratos, los mecanismos de vigilancia interna y las decisiones administrativas que originaron los cuestionamientos.
La Cámara de Diputados recibirá ahora una decisión de consecuencias institucionales, mientras el INE enfrenta dos obligaciones simultáneas: organizar las elecciones y rendir cuentas.
