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Ni se ha demostrado que los 59 millones de litros de combustible localizados en Guanajuato tengan un origen completamente lícito, ni la Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado que la totalidad sea producto del huachicol. Tampoco puede sostenerse todavía que se trate del mayor decomiso de hidrocarburos del país o de un gigantesco error de las autoridades.
Entre documentos incompletos, deslindes empresariales y una investigación que ahora alcanza posibles operaciones financieras y fiscales, así avanza el caso de la terminal ubicada en San José Iturbide.
La información más reciente de la FGR establece que las empresas relacionadas no han acreditado “de manera completa y fehaciente” la legalidad del origen, manejo y destino de la totalidad del combustible.
Entérate: Ni lícito ni ilícito, ni megadecomiso ni megaerror: así va el caso del huachicol en Guanajuato
Ante la complejidad del expediente, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos instruyó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejercer su facultad de atracción y asumir la investigación.
El “megadecomiso” sigue bajo revisión
El caso fue presentado inicialmente como un golpe histórico contra el huachicol: aproximadamente 59 millones de litros de gasolina y diésel almacenados en diez tanques, una cantidad cercana a todo el combustible asegurado en el país durante 2025.
Pero la propia evolución de las investigaciones obliga a poner freno a esa afirmación. Jurídicamente, el hidrocarburo permanece asegurado mientras se comprueba su procedencia. La FGR todavía debe determinar qué cantidad cuenta con documentación válida y qué volumen podría tener un origen irregular.
En las instalaciones fueron localizados aproximadamente 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de gasolina premium y 18.2 millones de litros de diésel.
Hasta ahora, la autoridad no ha confirmado si el combustible fue robado directamente a Pemex, ingresó al país mediante un esquema de contrabando o huachicol fiscal, o pertenece legalmente a distintas compañías que utilizaban la terminal para almacenarlo.
SIMSA rechaza ser propietaria del combustible
Grupo SIMSA negó ser dueño o comercializador de los 59 millones de litros. La compañía explicó que la terminal es operada por Gas Natural del Noroeste y presta servicios de almacenamiento a terceras empresas.
El deslinde trasladó las preguntas hacia los propietarios de cada cargamento: quiénes son, de dónde obtuvieron el combustible, cómo fue transportado y qué documentos respaldan su comercialización.
La FGR respondió que todavía no cuenta con la documentación completa de todas las compañías relacionadas. Por ello analiza contratos, facturas, permisos, registros fiscales y operaciones financieras, además de entrevistar a directivos vinculados con las instalaciones.
La FEMDO deberá establecer la propiedad y trazabilidad de cada cargamento y determinar si detrás de las operaciones existió una estructura organizada para ocultar la procedencia o el destino del producto.
La investigación comenzó con una pipa
El expediente se originó en julio, cuando las autoridades interceptaron una pipa cuyo conductor no pudo acreditar la trazabilidad del combustible que transportaba.
Ese aseguramiento condujo a cateos en una estación de servicio de San Luis de la Paz, un inmueble dedicado al despacho de gas LP en Dolores Hidalgo y, posteriormente, la terminal de San José Iturbide.
Pese a la magnitud del operativo, en la terminal no se reportaron detenciones. Hasta ahora, la única captura vinculada con la secuencia inicial de investigaciones sería la del conductor de la pipa.
Entre dos versiones
La investigación se encuentra en un punto intermedio: las empresas aún no acreditan completamente la legalidad del combustible, pero la FGR tampoco ha demostrado que los 59 millones de litros sean ilícitos.
Por ahora, no hay elementos definitivos para hablar de un megadecomiso de huachicol, pero tampoco para concluir que las autoridades cometieron un megaerror.
La resolución dependerá de la trazabilidad de cada litro, la documentación fiscal y aduanera, las empresas propietarias y las posibles responsabilidades de quienes participaron en su transporte, almacenamiento y comercialización.
