Portador Noticias
Por Alberto Valderrábano
El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general, con 69 votos a favor y 32 en contra, el dictamen que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.
Esta ley tiene como objetivo modernizar los catastros y los registros públicos de la propiedad mediante la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.
Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que el nuevo ordenamiento, al que calificaron como “el predialazo por la puerta de atrás”, podría reducir a los municipios a simples “oficialías de partes del Gobierno federal”, al considerar que invade su autonomía y vulnera el artículo 115 constitucional, que les reconoce facultades en materia de hacienda municipal, incluida la elaboración de sus propuestas de leyes de ingresos por concepto de impuesto predial, sujetas a la aprobación de los congresos.
Los panistas Mario Vázquez y Javier Ramírez Acuña, rechazaron la propuesta, al denunciar la falta de consulta a estados y municipios, recursos adicionales y garantías para proteger la hacienda municipal con tal de “sacar dinero hasta debajo de las piedras”.
El PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en que la propuesta responde a una lógica de control y presión por parte de Morena, al concentrar información estratégica en el Gobierno federal para fortalecer su capacidad de supervisión y recaudación, lo que calificaron como una “expresión de autoritarismo” y una política fiscal orientada a obtener mayores ingresos.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, sostuvo que la reforma busca acabar con el desorden en los registros de propiedad, fortalecer a las instituciones responsables y cerrar espacios a las irregularidades y prácticas de corrupción que durante años encontraron terreno fértil en las deficiencias del sistema catastral y registral
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, explicó que la nueva legislación facilitará la identificación de discrepancias entre los registros inmobiliarios y permitirá corregir posibles errores conforme a los procedimientos legales correspondientes.
El ordenamiento establece que la asignación de la Clave Única Catastral no constituirá, por sí misma, prueba plena de propiedad, posesión, superficie o colindancias, ni validará actos nulos o irregulares, tampoco implicará el reconocimiento, la constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos de propiedad o posesión sobre un predio o unidad inmobiliaria.
- El dictamen contempla la creación del Plan Nacional Catastral como instrumento rector para establecer las directrices, prioridades y acciones encaminadas al fortalecimiento, la modernización y la coordinación de los sistemas catastrales en todo el país.
Asimismo, promueve la integración, actualización, homologación e interoperabilidad de la información inmobiliaria, con el propósito de mejorar la gestión territorial y facilitar la identificación de los bienes inmuebles.
Entre las principales medidas destaca la implementación de la Plataforma Catastral Municipal, concebida como un mecanismo de coordinación tecnológica entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para fortalecer y actualizar la cartografía.
También se establece una Clave Única para identificar de manera inequívoca cada inmueble, facilitar la consulta y actualización de sus datos y vincular la información con el folio real correspondiente a cada predio o unidad inmobiliaria.
La legislación busca homologar herramientas tecnológicas y agilizar los procedimientos catastrales y registrales mediante sistemas digitalizados que contribuyan a mejorar la eficiencia administrativa y avanzar hacia una recaudación más justa y transparente.
