Portador Noticias/Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para esclarecer la concesión y arrendamiento del Castillo de Chapultepec, sede del Museo Nacional de Historia, para la realización de una exclusiva recepción privada organizada por directivos de la FIFA en el marco de las actividades previas al arranque de la Copa Mundial.
La indagatoria busca determinar las condiciones administrativas bajo las cuales se autorizó el uso de un monumento histórico nacional de alto valor patrimonial, la preservación de los bienes durante el evento, así como el destino de los cobros o contraprestaciones económicas derivadas de la renta del inmueble.
Entérate: Caso Dafne Zapata: van tres detenidos por feminicidio en escuela militarizada
Ola de indignación y críticas de la comunidad cultural
La celebración de la gala privada generó una fuerte polémica y el rechazo generalizado de historiadores, académicos, legisladores y organizaciones de protección del patrimonio histórico:
- Símbolo nacional vs. evento privado: Diversos sectores catalogaron el evento como un acto de mercantilización del patrimonio público, criticando que un recinto icónico para la memoria histórica de México fuera cerrado al público y acondicionado para una fiesta exclusiva de un organismo deportivo internacional.
- Riesgos de conservación: Se hicieron señalamientos por el montaje de infraestructura pesada, equipos de sonido, iluminación y el consumo de alimentos y bebidas dentro de áreas restringidas del Castillo, lo que contraviene las normas habituales de conservación y acceso restringido del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
- Falta de transparencia: Se exigió transparentar los permisos otorgados, las bitácoras de inspección de probables daños y los contratos suscritos entre las autoridades culturales de la administración del reciento y los organizadores de la FIFA.
Las autoridades de la Secretaría de Cultura y del INAH han manifestado que colaborarán en todo momento con las diligencias de la FGR para garantizar que no haya habido violaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
